BOLETÍN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE CEIM Nº 23. SEPTIEMBRE 2019

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Entrevista a Dª. María Soledad Serrano Ponz, directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Dª. María Soledad Serrano Ponz directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

CEIM agradece a la directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social su amabilidad al responder a las siguientes preguntas.

¿Cómo ha evolucionado el papel de la Inspección de Trabajo en materia de vigilancia de las condiciones de trabajo desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

Han transcurrido 24 años desde la aprobación y puesta en marcha de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, casi un cuarto de siglo, y durante todos estos años se ha conseguido reducir la siniestralidad en todos sus parámetros, gracias fundamentalmente a 3 razones:

  • La implantación de la denominada “cultura preventiva” tanto en empresas como en trabajadores y trabajadoras, así como en sus representantes, quienes cada vez toman mayor conciencia frente a los riesgos derivados del trabajo.
  • La integración de la prevención en todos los niveles de la empresa, lo que supone la implicación tanto de empresarios como de trabajadores.
  • Y, finalmente, el papel fundamental de las distintas Administraciones Públicas competentes, entre las que opera con un papel trascendental, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No debemos olvidar que, según el artículo 9 de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, corresponde a este servicio público la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Ciertamente, en estos años los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo han evolucionado, y una vez alcanzada la concienciación colectiva de la importancia de la prevención, así como una integración de la misma de forma global en gran parte del tejido empresarial español, los retos en la actualidad se encuentran en el ámbito de los riesgos emergentes, las implicaciones que las nuevas tecnologías pueda tener en la salud laboral, la necesaria mirada y gestión de la prevención desde la perspectiva de género, los riesgos psicosociales, la influencia de la situación demográfica y medioambiental en materia preventiva o la deslocalización de la prestación de servicios, entre otros. Y todo ello, sin dejar de lado los que podemos denominar “riesgos tradicionales” que coexisten con los nuevos y emergentes, y sin poder ignorar que la crisis económica también afectó a la aplicación de medidas de seguridad y salud en las empresas.

Desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha actuado como motor impulsor de la misma, debiendo adaptarse a las nuevas realidades, ejerciendo una función no solo fiscalizadora sino también preventiva, de protección de los trabajadores y trabajadoras.

Y esta función preventiva, de anticipación a la materialización del riesgo, es la que caracteriza a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Siglo XXI, donde la planificación de actuaciones y la función de asistencia técnica realizada en el ejercicio de la función inspectora, fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas, está adquiriendo una especial relevancia.

Como novedad destacada, y 20 años después de la aprobación de la LPRL, la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha procedido a la creación de dos Escalas especializadas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: una Escala de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, conformada por el Cuerpo de Subinspectores ya existente y otra nueva, de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Esta última Escala va a permitir un notable refuerzo de las actuaciones que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo en dicha materia, permitiendo que la comprobación de las condiciones materiales de trabajo y aquéllas análogas o conexas con las mismas sean llevadas a cabo no sólo por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, sino también y bajo su coordinación, por dicha nueva Escala de Subinspectores.

¿Cuáles son en la actualidad las materias preventivas y tipología de empresas donde más incide la actuación inspectora?

La actuación inspectora en materia de prevención tiene un carácter global y abarca todo tipo de empresas y materias preventivas o riesgos. Sin perjuicio de lo cual la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social viene guiada actualmente por las prioridades fijadas en las medidas del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, aprobado por resolución del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018.

Dicho Plan Director incluye un conjunto de medidas para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral, entre la que destaco la primera que implica la realización de campañas específicas, que incluyan la perspectiva de género con actuaciones integrales, sobre sectores y ocupaciones en los que se presentan los accidentes más graves, en particular con los derivados de accidentes de tráfico y de la existencia de riegos psicosociales.

Además de esta y otras medidas específicas del Plan Director, es importante hacer mención a la especial atención que la Inspección de Trabajo presta a determinados sectores considerados relevantes, no solo por sus índices de incidencia, sino también por el número de personas trabajadoras sometidas a los riesgos: es el caso del sector de la construcción, por su mayor siniestralidad, el agrario, el sector marítimo pesquero o el transporte por carretera.

Asimismo, son objeto de actuación inspectora aquellos centros de trabajo o actividades en que puedan existir riesgos específicos como riesgos los biológicos, cancerígenos, los derivados de la exposición a amianto, musculoesqueléticos o psicosociales.

Existen, además, campañas centradas en colectivos como el de trabajadores mayores de 16 años pero menores de edad, camareras y camareros de piso, trabajadoras en situación de riesgo durante el embarazo y lactancia natural, o bien respecto de los trabajadores con contratos temporales de corta duración. En muchos de estos casos nos encontramos con personas trabajadoras respecto de las cuales se vulnera el derecho a una protección eficaz de su seguridad y salud.

Por último, no debo olvidar la vigilancia que se despliega respecto de los servicios de prevención propios y ajenos y las entidades auditoras, a fin de garantizar que su actividad se ajusta a lo legalmente previsto, actuaciones estas últimas que resultan fundamentales si tenemos en cuenta el papel trascendental que asumen en el sistema actual de gestión de la prevención.

¿Cómo valora la colaboración con las comunidades autónomas en este campo de actuación compartida?

El ámbito de la prevención de riesgos laborales, es uno de los terrenos donde más visible resulta el entrecruzamiento competencial de las distintas Administraciones Públicas: aun cuando se trata de una materia cuya competencia legislativa corresponde al Estado, las CCAA intervienen en el ejercicio de su competencia ejecutiva en virtud del artículo 149.1.7º de nuestra Constitución, y del artículo 7 de la Ley de Prevención, que establece que “En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de PRL, y sancionarán las infracciones a dicha normativa (…)”.

Esta competencia trasferida a las Comunidades Autónomas determina que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en esta materia actúe con dependencia funcional de las Autoridades Autonómicas competentes, por lo que la colaboración y coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas resulta de vital importancia.

Esta colaboración se venía ya manifestando año tras año a través de la planificación de las actuaciones inspectoras, realizada de común acuerdo entre ambas administraciones a través de las antiguas Comisiones Territoriales y actuales Comisiones Operativas Autonómicas.

Pero con la entrada en vigor de la Ley 23/2015, de 21 de julio, y posteriormente de los Estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social en abril del año 2018, se ha dado un paso más en la colaboración entre ambas administraciones. Así, el nuevo Organismo Autónomo en el que se ha constituido la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con dos órganos de dirección y gobierno: el Director/a y el Consejo Rector.

Y es este último, el Consejo Rector, en el que existe una participación paritaria de la Administración General del Estado y la Administración Autonómica.

Pero además de esta presencia de las Comunidades Autónomas en la propia dirección de la Inspección, es fundamental la cooperación permanente existente con los Institutos Autonómicos u órganos técnicos en materia de seguridad y salud dependientes de las Comunidades Autónoma, tanto con actuaciones conjuntas en el marco de campañas específicas como especialmente en los casos de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es indudable que, una buena coordinación y cooperación de los órganos que operamos en el ámbito de la seguridad y salud es imprescindible para lograr nuestra meta común: la garantía de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras.