Boletín de prevención de riesgos laborales de CEIM Nº18

de CEIM sobre seguridad y salud en el trabajo

2.1. Aprobada la Nueva Norma ISO 45001: 2018 "Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La ISO 45001 es una norma internacional con los requisitos básicos para implantar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que abarca tanto la estrategia de negocio, como el fundamental liderazgo de la dirección y contribuirá a la evaluación de mejora en el desempeño. Es un standard de asunción voluntaria, aplicable a pymes y grandes empresas. Las empresas que estén utilizando la norma OHSAS 18001 disponen de tres años para realizar la migración.

En su elaboración han participado más de cien expertos de más de sesenta países. Son aspectos discutibles, en relación con la normativa española de prevención de riesgos laborales, las responsabilidades del titular de un centro de trabajo donde se desarrollan varias actividades empresariales y las implicaciones de la participación de los trabajadores en la gestión de la prevención.

2.2. Informe de CEIM sobre la propuesta de creación de un colegio oficial de técnicos en prevención de riesgos laborales.

El 19 de marzo de 2018, a petición de la Asociación Madrileña de Técnicos Especialistas en Prevención de Riesgos Laborales, CEIM elaboró un informe que se transcribe a continuación:

La prevención de riesgos laborales es una prioridad para CEIM. Desde 2002 las políticas preventivas regionales en la Comunidad de Madrid son acordadas entre nuestra Confederación Empresarial, los Sindicatos madrileños más representativos y el Ejecutivo regional.

En 2016 hemos firmado el V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales, que no se recoge referencia alguna a la oportunidad de la colegiación de los técnicos de prevención de riesgos laborales, por lo que esta iniciativa no se ampararía en la identificación de necesidades realizada por los firmantes del Plan como medida conveniente para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores madrileños.

La petición de colegio profesional en Madrid en esta disciplina fue en su día formulada por el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España. Con posterioridad, la Plataforma para el Colegio de Madrid realizó la misma petición, lo que dio lugar a una paralización de los trámites administrativos, ya que la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid opinó que al estar iniciados los trámites, todos los peticionarios debían formar un solo bloque.

Este fue uno de los orígenes del actual Consejo General de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que está formado por 22 asociaciones.

El derecho de asociación, pues, es el cauce actual de unión de los profesionales del sector para defender sus intereses.

Se dispone de un informe sobre esta misma materia de la Comunidad de Madrid, de 16 de noviembre de 2011, en el sentido de que debe evitarse la introducción de reservas de actividad y restricciones innecesarias a la competencia, tal y como se recoge en el artículo 4 de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La constitución de un nuevo colegio profesional ha de estar justificada en la necesidad de ofrecer garantías adicionales a los ciudadanos sobre el correcto ejercicio de la profesión. De lo contrario, podría suponer una medida corporativa que introduciría trabas injustificadas en el mercado a los profesionales.

Analizando, pues, si es necesaria la colegiación obligatoria de técnicos en prevención para contar con mejores estándares profesionales y tener un control ético sobre los mismos, desde CEIM entendemos que el propio mercado está seleccionando a los mejores profesionales del sector, siendo innecesaria la introducción de nuevas trabas burocráticas a su ejercicio.

La iniciativa sería contraria, pues, a la libertad de empresa, valor fundamental que defiende CEIM, ya que vendría a generar costes adicionales a los profesionales de la prevención y, a la larga, a las empresas que cuenten con ellos.

Ha de tenerse presente que la introducción de la necesidad de realizar un curso específico de capacitación universitaria para alcanzar la titulación de técnicos en prevención de riesgos laborales ha profundizado, sin duda, en la cualificación de los mismos, por lo que el estándar profesional está asegurado.

Entendemos que las asociaciones de técnicos en prevención de riesgos laborales están esforzándose por atraer afiliados, ofreciendo servicios de interés para los mismos y representando sus legítimas aspiraciones, sin perturbar el legítimo ejercicio profesional de los habilitados por la normativa educativa para desarrollar dicha función.

No estimamos, pues, que un nuevo colegio contribuya a ordenar el ejercicio de la profesión, que ya está exhaustivamente regulado (Real Decreto 39/1997), ni a representar mejor a los profesionales del sector, que ya tienen abierto el cauce del derecho de asociación, que está articulándose a través de diferentes y libres asociaciones.

El hecho de que en la Comunidad Valenciana se haya creado un colegio profesional de técnicos en prevención de riesgos laborales no vincula, evidentemente, a la Comunidad de Madrid. De todas formas, quizás sería oportuno que la iniciativa se planteara de forma nacional y no por territorios.

Por todo lo anterior, en definitiva, entendemos que un nuevo colegio profesional de técnicos en prevención de riesgos laborales en Madrid no se traduciría en la mejora del nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos laborales, sino en un entorpecimiento del legítimo ejercicio de la profesión.

2.3. Sentencia del Tribunal Supremo sobre obligatoriedad de reconocimiento médico.

La Sala de lo Social del TS, el 7 de marzo de 2018, ha resuelto a favor de la empresa un conflicto colectivo relativo al Sector de la Seguridad Privada.

La empresa impuso la realización de reconocimientos médicos a los trabajadores que realizan tareas de escolta y de vigilancia de las cámaras de seguridad (que conlleva activación de los protocolos).

Ante el recurso de los sindicatos, el TS ha estimado que “el derecho del trabajador afectado a negarse al reconocimiento cede y termina donde empieza el riesgo grave para la vida, integridad y salud de terceros que no pueden verse afectados por la indolencia del trabajador renuente”.

En este caso, ni siquiera es suficiente alegar que los trabajadores han de pasar pruebas o exámenes físicos previos para la habilitación del ejercicio de la profesión, ya que esta circunstancia es meramente individual. “En cambio, los reconocimientos médicos previstos en la LPRL están al servicio de la salud y seguridad de la empresa y constituyen un instrumento para que el empresario puede cumplir con su deber de proporcionar una protección eficaz”.

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