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El cálculo de la indemnización civil en el accidente de trabajo*

Jesús Lahera Forteza, Profesor Titular de Derecho del Trabajo UCM y consultor Abdón Pedrajas@Molero

Los accidentes de trabajo derivados de un incumplimiento empresarial de las normas de prevención de riesgos laborales pueden originar, en el marco de los Arts. 42.1 de la LPRL y 1101 del CC, indemnizaciones civiles que reparan económicamente el daño causado. Una vez integrado en el contrato de trabajo el deber de seguridad y salud en el trabajo, el Art. 42.1 de la LPRL declara que el incumplimiento de esta normativa puede originar “responsabilidades administrativas, así como en su caso penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse”, subrayando que la presencia de “indemnizaciones por los daños y perjuicios causados” son compatibles con los recargos de prestaciones de seguridad social, pudiendo las víctimas - o sus causahabientes en caso de fallecimiento - por accidente de trabajo derivado de un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales solicitar indemnizaciones civiles que compensen el daño causado, sin que su cuantía esté tasada por la ley.

Son muchos los problemas que plantean este tipo de pretensiones indemnizatorias. Este análisis está dedicado al cálculo de la indemnización civil en el accidente de trabajo.

La tipología y cuantificación de la indemnización, no tasada legalmente, en estas demandas de responsabilidad civil es compleja. En el marco de la responsabilidad contractual de los arts. 1101 y 1006 del CC y, en su caso, de la responsabilidad extracontractual del Art. 1902 del CC rige en la reparación de daños un principio de reparación íntegra, de tal forma que la indemnización cuantificada debe ser suficiente y adecuada para compensar plenamente todos los daños y perjuicios ocasionados. Este principio de reparación íntegra del daño es aplicado, reiteradamente, en la responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo (entre otras, Sala IV, SS.TS de 1 de Junio de 2005, de 24 de Julio de 2006, de 3 de Octubre de 2007 o de 30 de Enero de 2008). 

La reparación íntegra del daño causado en un accidente de trabajo con responsabilidades empresariales implica en estos términos la plena compensación económica del daño emergente y del lucro cesante. El daño emergente completa los daños físicos, materiales y morales causados por el accidente mientras que el lucro cesante cubre la pérdida de renta ocasionada.

La reparación íntegra del daño en los accidentes de trabajo plantea, en su aplicación práctica, la dificultad de su concreción. Dada la dificultad judicial y la inseguridad jurídica existentes en la determinación económica de las indemnizaciones en estas acciones, la última jurisprudencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo ha decidido introducir claridad y seguridad, a través de la aplicación analógica del baremo de daños de la normativa de los accidentes de tráfico (SS.TS, Sala IV, de 17 de Abril de 2007, de 14 de Diciembre de 2009, de 15 de Diciembre de 2009, de 30 de Junio de 2010 o de 27 de Diciembre de 2011). Pese a que las tablas de baremación de daños son ajenas a un sistema de responsabilidad por culpa y propias de un sistema de responsabilidad objetiva, como es el del tráfico, ha calado entre los jueces su utilización analógica en los accidentes de trabajo con la referencia de las que regula el RDL 8/2004 para los accidentes de circulación. Esta orientación por supuesto no es vinculante, ni exigida por la ley, pero en la práctica judicial es utilizada como referencia a la hora de cuantificar estas indemnizaciones.

Otro problema que plantea esta cuantificación es la concurrencia de las indemnizaciones civiles con prestaciones sociales derivadas de accidente de trabajo en el marco de los Arts. 115-117 de la LGSS. Frente a la tesis de la plena compatibilidad entre ambas cuantías de la sala civil del TS  (por todas, SS.TS, Sala I,  de 27 de Noviembre de 1993, de 3 de Marzo de 1998, de 19 de Febrero de 1998, de 30 de Noviembre de 1998, de 29 de Abril de 2004 o de 19 de Noviembre de 2005), la última jurisprudencia social asume la más razonable de la compatibilidad limitada que permite restar de la indemnización civil la prestación social recibida. Esta jurisprudencia deduce de la indemnización civil las prestaciones sociales porque lo contrario supondría una doble compensación de un mismo daño y un inadmisible enriquecimiento injusto de la víctima (por todas, SS.TS, Sala IV, de 2 de Febrero de 1998, de  10 de Diciembre de 1998,  de 17 de Febrero de 1999, de 20 de Julio de 2000, de 9 de febrero de 2005,  de 24 de Julio de 2006, de 17 de Julio de 2007, de 3 de Octubre de 2007, de 21 de Enero de 2008  o de 30 de Enero de 2008). Como bien afirman estas sentencias, “las prestaciones de seguridad social se conceden por la pérdida de capacidad de ganancia, para compensar la merma económica que supone una incapacidad laboral...siendo lógico computar y deducir lo cobrado de las prestaciones sociales de la indemnización global ... pero descontando sólo de la indemnización reconocida como lucro cesante”. Un razonamiento similar sirve para descontar las mejoras voluntarias pactadas en el convenio colectivo.

De igual modo, resulta complicada la articulación entre las indemnizaciones civiles y el recargo del 30-50 por 100 de prestaciones del Art. 123 de la LGSS por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, pues un mismo accidente de trabajo puede originar ambas vías de compensación económica. En este caso, la jurisprudencia se inclina por la plena compatibilidad de ambas cuantías. Efectivamente, la trascendental STS, Sala IV, de 2 de Octubre 2000 sienta unificación de doctrina en este problema, optando por la tesis de la plena compatibilidad entre la indemnización y el recargo de prestaciones en los accidentes de trabajo. Señala que “el recargo ostenta un carácter sancionador”, siendo “una pena o sanción que se añade a una propia prestación, previamente establecida y cuya imputación sólo es atribuible, en forma exclusiva, a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene en el trabajo” y proclama el derecho del trabajador o sus causahabientes a “la reparación íntegra” de los perjuicios provocados por un accidente de trabajo a través de una indemnización “adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios”. Sentada la diferencia entre el carácter punitivo del recargo y el compensador de la indemnización, declara la plena compatibilidad entre ambas instituciones: “la razón esencial de la exclusión de la posible compensación o reducción de la indemnización y el recargo” deriva de la finalidad de éste, que “se dejaría vacía de contenido” si se procediera en este sentido. En definitiva, la sentencia  configura el recargo como una sanción administrativa con una finalidad punitiva o disuasoria diferenciada de la función reparadora que asume la indemnización por los daños provocados en el accidente de trabajo, y, con ello, predica la independencia entre ambas instituciones jurídicas y la plena compatibilidad de las dos cantidades económicas recibidas por el accidentado o sus causahabientes. Esta plena compatibilidad ha sido consolidada posteriormente por, entre otras, por las SS.TS, Sala IV, de 14 de Febrero de 2001, de 9 de Octubre de 2001, de 21 de Febrero de 2002, de 22 de Octubre de 2002 o de 9 de Febrero de 2005.

En conclusión, el cálculo de las indemnizaciones civiles se mueve en un escenario de incertidumbre jurídica, sólo solventado por la analogía con los baremos de accidentes de tráfico, y de escasa coordinación legal con las prestaciones sociales y sus recargos. Esta inseguridad jurídica y falta de coordinación deberían impulsar una reforma del sistema de cálculo como apunta la Disposición Final 5ª de la Ley 36/2011 de Jurisdicción Social que mandata al Gobierno a aprobar un “sistema de valoración de daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mediante un sistema específico de baremos de indemnizaciones actualizables anualmente para la compensación objetiva de dichos daños en tanto las víctimas o sus beneficiarios no acrediten daños superiores”. Este mandato legal, incumplido desde entonces, debe ser recuperado y desarrollado, en beneficio de la seguridad jurídica de las empresas y de las propias víctimas de accidentes de trabajo.  

*Análisis realizado en el marco del proyecto de investigación I + D DER2009/09705 Responsabilidades empresariales en accidentes de trabajo
 

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